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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/641
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorÁlvarez Valdez, Francisco-
dc.date.accessioned2017-05-15T14:10:15Z-
dc.date.available2017-05-15T14:10:15Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citationÁlvarez Valdez, F. (1999). La posición de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, Inc., sobre el proceso de reforma judicial. Núm. 11 (enero 1998 - marzo 1999), p. 64-75. Santo Domingo: Universidad APECen_US
dc.identifier.urihttp://repositorio.unapec.edu.do/handle/123456789/641-
dc.descriptionFrancisco Álvarez Valdez (biografía): Abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Es socio fundador de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández. También fue abogado asociado del bufete Russin, Vecchi & Heredia Bonetti. Ha concentrado su ejercio profesional en las áreas de litigios judiciales y arbitrales, derecho bancario, derecho corporativo, negociaciones y telecomunicaciones. Fue profesor de Derecho Civil en la UNPHU. Fue coordinador de Partición Ciudadana y es presidente de Profamilia. Publica una columna en el diario digital dominicano Acento. Es autor de Breve historia del derecho dominicano.en_US
dc.description.abstractUno de los miembros de la comisión encargada del tema de la reforma judicial en el seno de la ADAE (Asociación Dominicana de Abogados Empresariales) expuso la posición de este organismo en dicha materia. Para ellos, existían cuatro puntos básicos que debían resolverse en primer lugar si se quería transformar el poder judicial dominicano. En primer término, había que aprobar un reglamento para el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, el cual debía privilegiar “la transparencia, la participación de la sociedad civil y el consenso en la selección de los jueces de la Suprema Corte” y no atentar contra el principio constitucional de la inamovilidad de los jueces. En segundo lugar, debían ser seleccionados de manera oportuna los jueces de la Suprema Corte de Justicia. En tercer lugar, se tenía que cumplir con la disposición constitucional que otorgaba autonomía administrativa y presupuestaria al poder judicial. Y, finalmente, debía aprobarse una ley de carrera judicial que fuera fruto del consenso de toda la nación.en_US
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad APECen_US
dc.subjectAsociación Dominicana de Abogados Empresarialesen_US
dc.subjectRepública Dominicana – Reforma judicialen_US
dc.titleLa posición de la Asociación Dominicana de Abogados Empresariales, Inc., sobre el proceso de reforma judicialen_US
dc.typeArticleen_US
Aparece en las colecciones: Coloquios jurídicos
(Núm. 11, enero 1998-marzo 1999)


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